Modificación de Ministerios, acceso a derechos y construcción de sentidos

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Aportes de docentes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires

Septiembre 2018

Presentación

Andrea Echevarría (Directora de la Carrera de Trabajo Social UBA)

El anuncio de la modificación de los Ministerios, por decreto del poder ejecutivo (Decreto Nro. 801/18, del 5-09-18), conmovió a la opinión pública en general e interpeló fuertemente a nuestro colectivo profesional y nuestra comunidad educativa. ¿Cuáles son los fundamentos que motivan esas modificaciones? ¿Por qué se proyectan sobre determinadas áreas y no sobre otras? ¿Debemos leerlos sólo como resoluciones operativas de funcionamiento burocrático, o hay otra lectura posible en clave de construcción de sentidos? ¿Cómo afectarán la ejecución de políticas públicas, la efectivización de derechos, la atención de necesidades y problemas propios de una sociedad compleja?

En un momento en que la Universidad Pública se encuentra también atravesada por una profunda crisis, que se expresa en el recorte presupuestario y en el desmantelamiento de programas vinculados a Ciencia y Técnica, la necesidad de reflexionar críticamente sobre estos procesos se torna imperiosa. No sólo porque atañen a ámbitos específicos de desempeño de los trabajadores sociales, sino también porque afectan a nuestra sociedad toda. Con esta preocupación, pedimos a algunos de nuestros docentes que nos aportaran reflexiones sobre estas medidas y el impacto que evalúan que pueden tener; “pistas” que nos ayuden a profundizar la mirada.

Todas las reflexiones que aquí compartimos, con sus matices, parten de un punto en común: el cambio en la estructura, en el organigrama de los organismos del Poder Ejecutivo, no puede ser leído únicamente en términos de modificaciones operativas. Expresa prioridades, lógicas, visiones, presentes en una propuesta de gobierno. El supuesto ahorro presupuestario, esgrimido por el Gobierno Nacional como argumento, pasa entonces a un segundo plano como elemento explicativo.

Entendemos que lo que está en juego, lo que se pone en tensión con las modificaciones implementadas, es qué áreas de la vida social, de la resolución de problemas y conflictos, de las posibilidades del desarrollo nacional, serán abordados por la institucionalidad estatal (y con qué intensidad) y cuáles serán relegadas al libre juego del mercado. En definitiva: lo que está en juego es el acceso a derechos.

Esperamos, entonces, que las reflexiones que aquí presentamos, y que generosamente comparten profesores de nuestra carrera, alimenten nuevas ideas, nuevos debates, nuevas propuestas. Nuevas alternativas para deconstruir los múltiples sentidos comunes que el neoliberalismo intenta imponernos.

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Notas sobre la supresión de los Ministerios de Salud y Trabajo

Nicolás Rivas (Profesor Asociado, materia Fundamentos e Historia del Trabajo Social)

El decreto 801/2018 reestructura la política del poder ejecutivo nacional hacia la sociedad y pone sello al sentido que el gobierno neoliberal quiere darle a sus políticas. La degradación a rangos menores al interior de la burocracia estatal tanto de la Salud como del Trabajo evidencian, una vez más, que no constituyen prioridades de regulación e injerencia para la gestión en el ejecutivo nacional.

Si se lee con detenimiento el decreto de marras, se constata la coherencia entre la nominación semántica y el ajuste propuesto: la palabra salud sólo es nombrada un par de veces en todo el decreto cuando se le asignan funciones al ex ministerio, ahora Secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, en el inciso 37 del artículo 8vo.

Suponer que los procesos de salud – enfermedad tienen vinculación directa con las condiciones materiales de reproducción de la vida constituye un punto prácticamente sin discusión en la actualidad. En esta línea, el sanitarista Ramón Carrillo (primer Ministro de Salud de la Nación) señalaba que «frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades, son unas pobres causas». Pero esta afirmación, que ya tiene más de 70 años, en vez de quedar superada por su efectivo cumplimiento, reaparece como utopía y como proyecto. Pensar “la salud” como parte del proceso de bienestar constituye un consenso básico. Lo diferente, en este contexto, es la imposibilidad que el estado tiene en garantizar accesos y coberturas básicas que no tienen discusión: la imposibilidad de acceder al calendario básico de vacunación por falta de vacunas contra la meningitis que el estado nacional decide no comprar es sólo un ejemplo de esto.

Con la reforma de la constitución nacional de 1949, se crea el ministerio de Trabajo y Previsión Social, inexistente hasta ese momento. Y el presidente Perón designará a José María Freire como primer Ministro de Trabajo de la República Argentina. Obrero y sindicalista del gremio del vidrio, militante del Partido Socialista, será conocido como el “ministro obrero”. Si se repasan rápidamente las principales acciones cotidianas del Ministerio de Trabajo, lo que se presenta como constante es su aparente condición de “tercero” que, dependiendo de la orientación política de sus gestores, mediará en los conflictos que se presentan entre los trabajadores y sus empleadores. En este contexto de degradación del Ministerio de Trabajo, las especulaciones acerca de los intereses que defiende esta cartera quedarán prácticamente sin sentido: se pierde y licúa su capacidad de mediación para dejar paso directamente a la supremacía del capital.

La supresión de los Ministerios de Salud y Trabajo no son sólo gestos de ajustes insignificantes de recursos en función de supresión de salarios de ministros y secretarios.  Planificar un estado con estas áreas subestimadas en la gestión de la política pública, ratifica el sostenimiento del mercado como regulador de la vida cotidiana y, sobre todo, es una apuesta a que la sociedad necesite cada vez menos de la injerencia estatal y los sujetos comprendan que dependen sólo de sus esfuerzos.

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Comentarios sobre la reforma ministerial del 5 de septiembre de 2018

Diego M. Raus (Profesor Titular, materia Estado y Políticas Públicas)

 Sin entrar en consideraciones conceptuales, sí es necesario tener en cuenta que todo organigrama estatal refleja, desde la perspectiva institucional, un programa de gobierno. La reorganización de la institucionalidad estatal, acción que todo gobierno lleva a cabo cuando asume, no es un hecho aleatorio ni neutral. Supone ya desde el comienzo cuáles son las políticas fundamentales que va a desarrollar. El diseño de políticas públicas estratégicas sólo es posible si el ordenamiento institucional, lo cual quiere decir jerarquías institucionales y poder de decisión, es acorde, y funcional, a esos objetivos. Para nombrar solo un ejemplo del actual gobierno: a su asunción dividió el Ministerio de Economía en seis ministerios relacionados con la gestión económica. La idea era despejar de la gestión, y del imaginario de la población, que las decisiones económicas, en proceso de fuertes cambios, necesitan un Ministro “fuerte” en vez de un gobierno, y un ejecutivo, con ideas claras y capacidad de decisión.

En el contexto de un proceso negativo por el que comenzó a atravesar el gobierno desde Mayo de este año, que lo obligó a dejar de lado el enfoque de “ajuste gradual” que había sostenido durante casi dos años y medio, se formula un decreto del Poder Ejecutivo reformulando la Ley de Ministerios y, en concreto, reformando la institucionalidad estatal a nivel de la máxima jerarquía institucional, es decir, ministerial.

Despejemos, no por incierta, una primera lógica de este “reajuste” ministerial, fundada en la idea del gobierno de presentar a la misma como una contracción del gasto público. No es falso este motivo, pero no es, ni con mucho, el más importante.

Quizás la causa fundamental de la reestructuración ministerial consista en la necesidad, ante el marco político y económico más crítico, de reordenar el sistema de toma de decisiones y de transmisión de esas decisiones. Sobre todo, por supuesto, en las áreas de la economía. El sistema anterior, en su cantidad, expresaba una difuminación demasiado amplia en la toma de decisiones y, de ahí, en la efectividad en el diseño e implementación de políticas públicas. Nadie con rango ministerial acepta que le condicionen sus políticas por motivaciones provenientes de otras áreas ministeriales. Por ejemplo, recortes a la investigación en el área educacional por necesidades de las áreas económicas. O, para no determinarlo todo por la economía, “ansiedades” del poder ejecutivo, expresada desde las áreas ministeriales más políticas, que se transforman en presiones sobre el área de justicia. El diseño ministerial anterior conspiraba bastante con la coordinación política “intragubernamental” y con la eficacia de las políticas públicas.

Si se acepta lo anterior, ¿cuáles son las consecuencias posibles de la reforma ministerial?

• No implica una baja sustancial del gasto público, dado que gran parte de éste reside en el empleo público y la reforma implica desjerarquización de ciertas instituciones (áreas) y funciones, pero no reducción, al menos considerable, de empleo. Sí hay un factor económico en el sentido que los ministerios ahora convertidos en secretarías, implicará una menor capacidad de presión sobre el presupuesto de su área.
• Genera una mayor concentración de funciones y toma de decisiones, lo cual diluye en parte las peleas intraburocracias y permite mayor eficiencia en la implementación de políticas. Es claro en este aspecto la reducción ministerial en el área de economía. Por otra parte, la reforma reduce el área política estratégica del Ejecutivo (Gabinete de Ministros).
• Quita rango ministerial a áreas importantes de la vida pública pero cuyo desempeño no había sido eficiente, ni en impacto político ni en lo comunicacional. (Medio Ambiente).
• Subsume ciertas funciones importantes en un solo Ministerio, Producción y Trabajo, áreas que se vinculan estrechamente pero que no es fácil gestionarlas desde una sola lógica, es decir, subsumir el empleo en las políticas productivas o, por el contrario, determinar políticas productivas por aspectos coyunturales del mercado de trabajo. Evidentemente, en las circunstancias del país, ambas funciones exigen rangos ministeriales.
• Otras subsunciones aparecen dotadas de cierta incoherencia funcional, por ejemplo, Obras Públicas y Vivienda dentro del Ministerio del Interior. Incluso puede dar lugar a sospechas de una utilización del gasto público en obras y viviendas, sujeto a negociaciones políticas con las provincias.
• Habría un retroceso en revincular a Educación con Ciencia y Tecnología, áreas naturalmente conexas pero que, en la tan proclamada “sociedad del conocimiento”, ameritan ambas rango y entidad ministerial.
• No aparecería como incoherente la fusión ministerial de Salud y Desarrollo Social. Desde la creación de la Secretaría de Desarrollo Social producto del desmadre social de los ´90, y luego su ascensión al rango de Ministerio, Salud había perdido visibilidad y capacidad de gestión en el área social. Si sería deseable que en esta fusión se entiendan ambas funciones como centrales en sí mismas y, por ende, dotadas de recursos y capacidades.

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La mutilación neoliberal de la mano izquierda del Estado

Estela Grassi (Profesora consulta de la Facultad. Profesora en la Maestría en Políticas Sociales. Ex profesora titular de las materias de Antropología Social)

En una entrevista realizada en 1992, que luego reuniría en un libro de combate[1], el sociólogo francés Pierre Bourdieu se refirió a la mano izquierda del Estado como al conjunto de agentes de “los ministerios considerados dispendiosos”, que se enfrentan a la mano derecha de los ministerios de hacienda y los bancos. Allí denunciaba también a quienes son “prisioneros del estricto cortoplacismo corto de vista de la visión del mundo del FMI y a la mano derecha obsesionada por los equilibrios financieros; y a la destrucción de los fundamentos filosóficos del Estado de bienestar y la responsabilidad colectiva, conquista fundamental del pensamiento social”. Por entonces, también en nuestro país la mano izquierda del Estado estaba en jaque por el gobierno neoliberal del peronista Carlos Menem y, claro, por el FMI. Bourdieu murió en enero de 2002, cuando acá estábamos en medio de la peor crisis social y política a la que nos llevó la obsesión por los equilibrios financieros de los neoliberales locales y el FMI. Lo recuerdo, porque su muerte sumaba tristeza al desastre infinito en el que se hundía nuestro país y a los más de 30 muertos por la represión de entonces. Ya era presidente el radical de la Rua, pero para el FMI uno u otro le era indiferente: seguía pidiendo ajuste fiscal para garantizar el pago de los intereses de la deuda y más flexibilización laboral, para hacer más barato el trabajo. Y los senadores de la Nación (algunos, claro) se rendían a los sobornos y votaban la Ley de Empleo que ese organismo quería.

Nuevamente, después de casi dos décadas, los combates y la metáfora del sociólogo francés, cobran sentido: las últimas decisiones de Mauricio Macri, comunicadas en tono sufriente, amputan, una vez más, la mano izquierda del Estado. Claro que la operación era previsible; había al menos dos indicios claros en el discurso político del PRO-Cambiemos con el que llegaba al gobierno en 2015: carecían de toda referencia al derecho, a la sociedad como colectivo (o a algún colectivo) y, más aún, a la igualdad o a alguna idea similar, si no equiparable. A inicios de 2016 debí acompañar la apertura de la cohorte de ese año de la Maestría en Políticas Sociales de la Facultad. Empecé advirtiendo la velocidad con que se tomaban las decisiones más onerosas para la sociedad y para las clases populares. Y recordaba que, cuando aún era candidato, Macri había anticipado con claridad hacia dónde dirigiría sus políticas una vez en el gobierno, desde su postura de pastor evangélico y de toda la parafernalia de esos rituales, los bailes, cánticos y convocatorias a la buena onda. No lo señalaba por mero prejuicio mío, sino porque no se trataba simplemente de una característica del nuevo presidente, sino de una estrategia deliberada de comunicación que desecha los argumentos y los fundamentos racionales de la acción política, y requiere únicamente la adhesión por la fe que conduce al paraíso. Lo había hecho Carlos Menem (aunque sin necesidad de coaching), cuando convocaba a que lo sigan, que “no los voy a defraudar” y prometía un “salariazo”, que después convertiría en “emergencia ocupacional”, inaugurando un período de interminables reformas de la legislación laboral para “mejorar la competitividad” de la economía. Macri adopta ahora parecida estrategia de tono doliente para comunicar la “emergencia”, apenas dos años después de haber prometido y “sentido” la felicidad. Claro que a los pocos días de asumir comenzó con las “medidas dolorosas” (en sus palabras), entre ellas, la suba a valores de mercado de los servicios públicos.

Lo que ocurre este año es el resultado de esa celeridad con que se encaró la reforma estructural del Estado y la sociedad. Y los modos y los términos de presentar la eliminación de los Ministerios de Trabajo, de Salud y de Cultura y de Ciencia y Tecnología, sigue la misma estrategia de desapego a los argumentos y a los datos empíricos. La “emergencia” que declaró el Presidente con tono compungido, no es más que el hecho patente de esa reforma. Una reforma que deja en estado precario la vida de las poblaciones que viven de su trabajo, y que es fruto de una ideología que desconoce la sociedad, pues la confunde con el mercado. De paso, erige a este en un dios voraz y demandante de sacrificios que calmen su furia.

El veloz y elevado nivel de endeudamiento, el gobierno de la política económica por el FMI, los asesinatos silenciados de víctimas de la pobreza en manos de la policía brava instada por las autoridades a matar y no a contener preservando la vida, los despidos sin consideración, el desfinanciamiento de programas de salud y de educación que suceden desde el inicio mismo del gobierno de Cambiemos, son la “crónica de una muerte anunciada” (parafraseando a la famosa novela de Gabriel García Márquez) de las instituciones que apuntaban a constituir un Estado social y reactualizan la metáfora de Bourdieu.

Desde el inicio, 2018 fue el año que llevó de nuevo al fondo, literalmente al FMI. A él se volvía como consecuencia de la liberalización total del mercado financiero (la “flotación libre del dólar”, en lenguaje nativo de economistas neoliberales); y de la oferta del Presidente a invertir tranquilos en Argentina, porque se podrán llevar el dinero cuando quieran (La Nación, 06-04-2017). Las inversiones y la lluvia de dólares llegaron, siguiendo con las metáforas, pero en la bicicleta financiera y por las bicisendas abiertas por Cambiemos; efectivamente por allí se fueron los dólares invertidos más los sustanciosos dividendos que los inversores lograron. Pero el Presidente, tan poco apegado a los datos y a lógica, nos diría que ante los efectos de las tormentas, “reaccionamos rápido [ellos, el gobierno], le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional y logramos un apoyo inédito para ningún país en la historia del Fondo, inédito, por el monto, la rapidez y por las condiciones que conseguimos”. ¡Impresionante!, podría decirse si no se recordara que en junio debió despedir a las excéntricas autoridades[2] del Banco Central y que, desde entonces, el dólar pasó de valer 25 pesos a 40 y que también desde entonces, su Ministro de Economía y Finanzas pasó a reportarse directamente a la directora de aquel organismo, Christine Lagarde.

Es decir, que los cambios no calmaron al fantasmagórico Mercado. El Presidente había intentado tranquilizarlo con un brevísimo discurso el día 29 de agosto, cuando deslizó uno (de sus tantos) engaños, pues dijo que ya estaba acordado con el FMI un adelanto de fondos para calmar su desasosiego. Pero el Mercado no es incauto ni cree en lágrimas. El 3 de septiembre, finalmente, anunció la emergencia y las medidas drásticas para llegar al déficit cero, para “dejar  vivir por arriba de nuestros ingresos” (aunque ya veremos que son cada vez más bajos). “Con los avances […] que estamos haciendo con el Fondo, empezamos a superar la crisis (y unos días después, en Mendoza, diría que “Argentina está creciendo”).[3]

¿En qué consisten “los avances con el FMI”? En profundizar la amputación de la mano izquierda (volviendo a Bourdieu); una cirugía más prolija, que se traduce en la eliminación de Ministerios. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) quedó disuelto en dos: en el Ministerio de Producción y Trabajo, y en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que absorbió lo atinente a Seguridad Social. El ministro (ahora secretario) Jorge Triaca, desde el principio se ocupó de que el trabajo sea lo menos oneroso posible y de deshacerse de los trabajadores (sus representantes, representaciones y ámbitos de negociación), de modo que la degradación de Trabajo es, ni más ni menos, que expresión de la desconsideración de los trabajadores en tanto colectivo que participa de la producción con su trabajo. Para una ideología que no reconoce la sociedad, ni colectivos sociales, cómo y por cuánto trabaje cada uno, es una cuestión que se dirime en los intercambios mercantiles.

La separación de la seguridad social y el pase de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) al nuevo Ministerio de Desarrollo Social y Salud, es la expresión, en la estructura del Estado, de la separación de las condiciones en que se realiza el trabajo, respecto de los problemas sociales como la pobreza, las condiciones de acceso a la salud y la preservación ante enfermedades, las condiciones medioambientales, etc. Es decir, que expresa el desconocimiento de la relación que da lugar a la cuestión social.

Por eso, para quienes no hallen modo de vivir de su trabajo, porque lo que tienen para ofrecer no es necesario o porque ya no tienen nada que ofrecer -entre otros, aquellos que hace tiempo han quedado al margen de las competencias y disposiciones de una vida en común- serán clientes del mega Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que absorbió el ex Ministerio de Salud y la seguridad social del ex MTEySS y que estará “para ayudarlos”, según dijo el Presidente, siempre que se esfuercen y lo merezcan (de derechos, ni hablar). Para quienes se resistan de cualquier modo, a estar al margen o a perder derechos, estarán siempre disponibles las fuerzas del Ministerio de Seguridad.

¿Qué prometió el Presidente a “los que más necesitan, porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar y vamos a estar, vamos a estar ahí, para quienes más expuestos estén en este momento…”? Algunas medidas de asistencia, la reactualización del programa de Precios Cuidados y, lo más significativo, el refuerzo transitorio en la Asignación Universal por Hijo, que se depositará en dos veces, septiembre y diciembre de este año. Al respecto, hay que recordar que se trata de la medida de mayor alcance que se toma sobre una política pre-existente, denostada como el “plan” que impulsaba a las mujeres a embarazarse para cobrar sin trabajar, principalmente por las bases sociales de Cambiemos.

Con la institución de la AUH se hizo posible incorporar a la seguridad social a los hogares de trabajadores pobres a los que el mercado no les daba cabida, al mismo tiempo que se mantenían las regulaciones laborales. No se superó la pobreza ni el trabajo informal, ni de lejos, pero entonces se había iniciado un camino de reconocimiento de población trabajadora discriminada y desprotegida, a la que no cubren las protecciones del trabajo ni el mercado.  Ahora, ese sentido de incorporación también se pierde, en la medida que la política vuelve a atender a los que el “ajuste necesario” desconsidera. Son las mismas “víctimas del ajuste estructural” que identificaba el Banco Mundial como la “población objeto” de la asistencia focalizada, durante la última década del siglo pasado, aunque ahora se “universalice” la focalización en ellos.

Pero lo más importante a tener en cuenta para comprender cuál es el sentido que adquieren las políticas de protección social, es que el monto de la AUH antes fue recortado, cuando a fines de 2017 se modificó la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de las asignaciones familiares. Se trata de una grave afectación del sistema que, ahora, para el caso de las jubilaciones, retrotrae el haber mínimo a los valores de la década de 1990, cuando permaneció en 150 dólares. En septiembre de este año dicho haber está cerca de 200 dólares; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por Cambiemos, equivale a 170. Es decir, como entonces, se sumarán adultos mayores “protegidos” a la población pobre, que tiene una alta proporción de niños y niñas entre los más afectados.

Por último, hay otra cuestión a considerar respecto de los efectos de la devaluación, que lleva a encontrar otro sentido a la “emergencia”: si se calculan los salarios en dólares, se cumple la expectativa de hacerlos “más competitivos” -dicho esto, nuevamente, en términos del lenguaje nativo de los economistas neoliberales-. De enero a la fecha, los salarios calculados en esa moneda se redujeron a la mitad y se aproximan a la media de la región. Tal como recuerda Chávez Molina, eso reclamaba en el 2015 Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobile[4]. Nada nuevo, si recordamos que Carola Pessino, una de las “jóvenes brillantes” que acompañaba los equipos de Domingo Cavallo, lo proponía cuando era funcionaria y afirmaba que el desempleo no bajaría sin reducción de los salarios. Empleados públicos y jubilados, pagarían la crisis de fin de siglo con el recorte del 13% en sus ingresos.

Por esos años, el “ajuste estructural” se presentó como un remedio amargo que había que tragar para “curar” diversas enfermedades. Se trataba de llevar a la Argentina a ser parte del “primer del mundo”. Como ese lenguaje quedó desactualizado, Cambiemos ofreció cambiar para  “volver al mundo”. Las enfermedades de entonces ahora son tormentas, pero en ambos casos, las  víctimas y los sacrificios están siempre del mismo lado, porque ante la emergencia, quienes no tienen que esperar las promesas del mundo de fantasía que ofrecen los funcionarios (los sectores agroexportadores) porque viven en la abundancia, sólo aportarán un tributo en pesos, sobre exportaciones en dólares, que se licuará a medida que se devalúe la moneda nacional. De todos modos, el Presidente no pierde oportunidad de pedirles disculpas y comprensión por tener que decidir un “impuesto malísimo”.

Por eso, como digo al inicio, las medidas de emergencia que declara el Presidente ante supuestas tormentas ajenas a su alcance son, en realidad, la materialización de la transformación estructural del Estado y la reconstitución de la sociedad, según los cánones ideológicos y culturales del neoliberalismo.

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Reflexiones acerca de la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría

Diana Rossi, Graciela Touzé, Gustavo Lasala y Pablo Cymerman

(Docentes de la materia Epidemias y ciudadanía: fundamentos, políticas e intervenciones sociales.)

El 5 de septiembre de 2018, un decreto presidencial define degradar diversos Ministerios al rango de Secretarías. Entre ellos Salud pasa como Secretaría a Desarrollo Social mientras Trabajo, Cultura, Ciencia y Tecnología también pasan a integrar otros ministerios en tal carácter. Esta transformación está lejos de ser sólo un reordenamiento jurídico o administrativo dado el impacto político negativo en torno al acceso a derechos que tiene una decisión de estas características.

Esta medida se toma en el marco de un ajuste económico que se impone a la población argentina en acuerdo con organismos internacionales de crédito, atacando decididamente derechos adquiridos y conseguidos por luchas sociales que tuvieron importantes avances en la historia reciente.

Sucede en medio de una enorme movilización y lucha de las universidades públicas en defensa de la Educación que transcurre en todo el país desde hace más de un mes, entre otras muchas expresiones políticas de rechazo a las decisiones gubernamentales.

En cuanto al Ministerio de Salud, este “achicamiento” del Estado, debiera ser comprendido también como la pérdida de acceso a la atención de las poblaciones más relegadas por la destrucción de las políticas públicas, mientras se promueve la expansión de los sectores privados en la mercantilización de la salud.

Ya se venían desmantelando de trabajadores algunas áreas fundamentales del Ministerio de Salud como por ejemplo, los 88 profesionales que se desempeñaban como agentes territoriales del área de Salud Mental en el noreste y noroeste del país, cuyo despido se denunciara en un comunicado del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones a fines de agosto.

Muchas organizaciones sociales y sociedades científicas han hecho pronunciamientos en la misma semana en que se tomara la medida de degradar el Ministerio de Salud y convertirlo en una Secretaría, manifestando su preocupación y oposición al recorte presupuestario que se prevé para temas tan sensibles como los que atiende la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis (DSyETS); la Dirección de Salud Mental y Adicciones; o la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. También han presentado acciones judiciales por quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la vacuna contra el meningococo, entre otras medidas cuestionadas.

Para ilustrar esta reflexión, tomaremos el caso de lo que acontece con la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis. Su último Director, Sergio Maulen, renunció al cargo ante el inminente recorte del presupuesto para esta dependencia de Salud. El 3 de septiembre, las y los trabajadores de la DSyETS compartieron por las redes sociales un comunicado en el que advierten que “en este marco de reducción presupuestaria, de fuerte devaluación y de proceso inflacionario, no está garantizada la continuidad de la respuesta en el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las personas asistidas por los Programas que conforman esta Dirección”.

En la misma fecha, las redes y organizaciones regionales con trabajo en VIH/sida de América Latina y el Caribe emitieron un comunicado de rechazo a la decisión del gobierno de subsumir al Ministerio de Salud en una Secretaría, en el que reconocen al Director renunciante también en su rol de Presidente del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de programas de VIH de América Latina (GCTH) por su “eficiente gestión junto a su equipo, siempre priorizando el diálogo y las necesidades de las comunidades”, así como por su liderazgo que permitió incrementar y mejorar la cobertura para estos problemas de salud-enfermedad-atención en la Argentina.

En el mismo documento las redes de Latinoamérica y el Caribe señalan que “el feroz ajuste al sector sanitario argentino, no es sólo la consecuencia de la crisis económica y política que atraviesa el país, y la susceptibilidad a los requisitos de sus prestamistas, sino una tendencia emergente en los países de toda la región”, que tienden a reorientarse a la privatización de la salud.

Este recorte en la Argentina tiene antecedentes ya que en 2016, a inicios del gobierno de Cambiemos, hubo retrasos en la provisión de reactivos esenciales para el diagnóstico y monitoreo de la infección por VIH, así como de algunos medicamentos empleados para su tratamiento, mientras el entonces Director a cargo del área en el Ministerio de Salud presentaba su renuncia al cargo después de años de desarrollar un trabajo que también había recibido el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil. También hubo faltante de medicamentos en 2017 por demoras en las licitaciones.

Como mencionáramos en un artículo publicado por la Carrera de Trabajo Social en el libro digital “Transformaciones recientes de la coyuntura argentina: lecturas y prospectivas desde las cátedras”, cuando suceden devaluaciones del peso argentino como las vividas a principios de 2016, que continuaron en 2017 y tuvieron una intensificación extraordinaria en 2018, se afecta la capacidad de garantizar la provisión gratuita de medicamentos y de análisis de laboratorio porque aumentan significativamente los costos en pesos. Es necesario consignar que aproximadamente el 70% de las personas con VIH se atienden en el sistema público de salud.

En esas coyunturas, las compañías farmacéuticas multinacionales ejercen una fuerte presión sobre los gobiernos para mejorar sus ganancias y evitar límites a sus patentes como los que proponen las políticas públicas de medicamentos genéricos que reducen significativamente los precios de compra permitiendo la sustentabilidad del acceso universal.

Asimismo, recortar el presupuesto en salud implica ineludiblemente un crecimiento de otras infecciones tratables como la tuberculosis o las hepatitis.

Volvemos a vivir, como durante la crisis político-económica del 2001, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de toda la población por el aumento del desempleo, la destrucción o disminución de organizaciones sociales y equipos de salud que atienden y defienden diversas necesidades y derechos, la disminución de las expectativas sociales, y el aumento de los niveles de violencia en las poblaciones más vulnerabilizadas por la crisis. Como entonces, pensamos que es la acción colectiva oportuna y consecuente la manera de evitar que se empeoren las condiciones sociales y de salud.

[1] El libro se titula Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal y lo publicó  Anagrama (Barcelona) en 1999, un año después que su edición en francés, por Liber-Raisons d´Agir.

[2] Federico Sturzenegger fue reemplazado por Luis Caputo como presidente del Banco Central. Con él se fue su vice-presidente, Lucas Llach, quien antes de su nombramiento había sido declarado persona no grata en la provincia de Chubut, porque se dedicaba a correr guanacos descalzo hasta matarlos de cansancio, entre otras excentricidades.

[3] Las intervenciones del Presidente a las que corresponden estas citas, fueron hechas el 29 de agosto y el 3 de septiembre (dirigidos a “los argentinos”); el 5 de septiembre en el cierre de la 24° Conferencia de la Unión Industrial Argentina; y en una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Mendoza en la apertura del Plenario del G20, sobre empleo y educación; y la conferencia de prensa ofrecida en la misma ciudad el día 7 de septiembre. Fuente: https://www.casarosada.gob.ar/ – Consulta en los días respectivos

[4] Eduardo Chávez Molina: “No es el salario, son los derechos” – Revista Anfibia, Universidad Nacional de San Martín. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/no-salario-los-derechos/